Alberto García-Chápuli, gerente de FNEID, ha respondido a Gym Factory sobre la postura de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas con respecto a la subida del SMI a 1.000€ y que se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero, a pesar del rechazo de la CEOE, quien indicó que no es el momento adecuado para esta subida, debido a la situación económica y que supone el mayor incremento del salario mínimo de la historia de nuestro país».

Con esta subida, España se convierte en el séptimo país de la Unión Europea con las rentas suelo más elevadas.

En declaraciones a Gym Factory, García-Chápuli indicó:

“No consideramos que este sea el momento oportuno para esta subida, debido al momento delicado que atraviesa nuestro sector, ya que venimos de dos años sufriendo las medidas derivadas de la pandemia y de las cuales todavía no nos hemos recuperado.  Además entendemos que puede suponer un lastre para el mantenimiento y crecimiento del empleo, una vez que recuperemos el ritmo normal, y por otro lado, estamos en medio de la negociación del 5º convenio colectivo y esta medida supone una injerencia en esa negociación y nos deja sin margen de negociación, especialmente a la parte empresarial. En tanto que ya se impone un salario, que es la principal herramienta de negociación de la que disponemos. En este caso, el Gobierno impone  el salario sin que tengamos ningún margen”. 

“En 2018 el salario mínimo anual se situaba en 10.302€ (736€/mes) y el incremento hasta el día de hoy es del 36% entonces lógicamente, en ninguna negociación colectiva se hubieran producido estos elevadísimos incrementos.  

Dicho esto, lo asumimos y respetamos y nos sentaremos con los sindicatos a negociar, pero lo que queremos es que los sindicatos entiendan es que esta parte de la negociación colectiva ya ha sido negociada, y que tienen que ser conscientes de que ya se ha producido un incremento incluso muy superior al que el sector puede soportar en estos momentos.

La CEOE criticó que apenas había habido negociación y acusó al Gobierno de tener una actitud «cainita» porque eleva el SMI pero no deja repercutir esa subida a las empresas adjudicatarias de contratos con la administración.

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