El día 23 de abril de 2008 nacía la Ley que regula el ejercicio de las profesiones del deporte en Cataluña. En su preámbulo dejaba claro que el nacimiento y la proliferación de numerosas ocupaciones entorno al deporte, hacía necesario proteger la salud y la seguridad de las personas que practican actividad física y deporte, a través de esta regulación. Más aún en un mundo como el deportivo, en el cual, pese a que concurren numerosas titulaciones de naturaleza diversa, las actividades profesionales son ejercidas a menudo por personas sin una formación mínima específica.

La Ley reconocía las siguientes cuatro profesiones: profesor/a de educación física; animador/a o monitor/a deportivo profesional; entrenador/a profesional y director/a deportivo. Como no podía ser de otra manera, la citada norma dejó claro que los requisitos de titulación que establecía no afectaban a la situación ni a los derechos de las personas que, a su entrada en vigor, acreditaran que estaban ejerciendo las actividades profesionales reguladas.

Para ello se creaba el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña (ROPEC) como herramienta necesaria para el seguimiento, la valoración de competencias, la asignación de ámbitos de trabajo, el control adecuado del ejercicio de los profesionales y la asignación de las profesiones a los ocho niveles del Marco Europeo de Cualificaciones.

Las personas graduadas o licenciadas en CAFE no tienen que inscribirse sino que se tienen que colegiar en el COPLEFC. El resto de profesionales sí deberán acreditar la formación y experiencia contrastada.

Entre las infracciones graves previstas están el incumplimiento de la obligación de registro o de colegiación y el incumplimiento de la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil. El art. 222.3 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de determinados impuestos en Cataluña, estableció la suspensión temporal del régimen sancionador hasta el 1 de enero de 2019. Por lo tanto ha llegado el fin de la moratoria.

A Cataluña le han seguido otras CCAA, regulándose actualmente el ejercicio profesional del deporte también en La Rioja, Extremadura, Andalucía, Madrid y la Región de Murcia, aunque con sensibles diferencias. Por ejemplo, en La Rioja se han reconocido diez profesiones: personal docente, gerentes deportivos, directores/as deportivos/as, educadores/as físicos/as, entrenador/es deportivos/as, monitor/a deportivo/a, instructores/as deportivos/as, auxiliares deportivos de competición, técnicos sin dedicación profesional y guía en el medio natural. O estableciéndose sanciones de multa de hasta 30.001 euros como es el caso de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, de la Comunidad de Madrid (en vigor desde el 15 de junio de 2017).

Pero la pregunta clave es: ¿qué pasará a partir del día 1 de enero en Cataluña o en el resto de CCAA con la entrada en vigor de sus respectivos regímenes sancionadores? Estoy convencido que nos encontraremos con denuncias de unos profesionales a otros, de unos empresarios a otros o de los propios Colegios profesionales, que obligarán a la Administración a intervenir y sancionar, debido a su labor de tutela e inspección. Algunos casos llegarán a los tribunales que tendrán que valorar cuestiones como la libre circulación de ciudadanos y de servicios establecida en la Directiva 2005/36/CE, el establecimiento en España de profesionales procedentes de otros países miembros de la Unión Europea o la implantación de nuevas profesiones reguladas al margen del sistema de cualificaciones profesionales.

El artículo 139 de la Constitución Española establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y que ninguna autoridad puede adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas en todo el territorio español. La falta de regulación estatal puede generar inconvenientes relacionados con la “Unidad de Mercado”. Quizá ese haya sido uno de los motivos que ha llevado al Consejo General de Colegios profesionales de la Educación Física y del Deporte (Consejo COLEF) a aprobar recientemente la denominación de la profesión «educador/a físico deportivo/a».

Algunas son las dudas que se plantean. ¿Podrá ser considerado como despido procedente el de un trabajador que no tenga la titulación o no acredite las competencias profesionales exigidas? ¿Podrá evitar un empresario ser sancionado alegando que la persona no registrada lleva años trabajando en la empresa?

El empresario deportivo parece defender la ausencia de barreras en la contratación, para evitar que haya menos potenciales trabajadores, que además por lógica incrementarían sus exigencias salariales. El convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios abre la puerta a la contratación de cualquier persona con “experiencia dilatada que hayan adquirido en trabajo análogo y/o en el sector.” En definitiva, podría dificultarse la movilidad, geográfica y sectorial, de los profesionales.

En definitiva, libertad de empresa en régimen de libre y leal competencia y libre elección de profesión versus seguridad y salud de los consumidores de servicios deportivos. El tiempo nos irá dando respuestas.

Desde mi humilde opinión, creo que a corto y medio plazo todos nos podemos beneficiar de la transparencia y seguridad jurídica que aportará la regulación. Y los actores implicados debemos demostrar la coherencia y flexibilidad necesarias para poder ofertar y prestar unos servicios deportivos de calidad que protejan la seguridad y salud de nuestros clientes.

Vicente Javaloyes

Licenciado en  Derecho.
Experto en gestión del Deporte. Profesor en diversos Master en Dirección, Derecho Y Gestión Deportiva: INEFC Universidad Lleida.

Etiquetas:
0 veces compartido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.